Modelo sin sistematizar en justicia juvenil

Una vez el menor cuenta con una medida judicial, ya sea cautelar o firme, de internamiento o no, el proceso reeducativo y resocializador en España es heterogéneo.

La competencia en este sentido la ostentan las comunidades autónomas, quienes en función de sus necesidades derivan la justicia juvenil al departamento correspondiente (servicios sociales, protección y reforma, justicia).

La titularidad de los centros de internamiento o de medio abierto, puede ser tanto publica como privada, también su forma de gestión. La tendencia en España es la titularidad pública y gestión privada.

En 2008, Tomás Montero Hernanz, Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, escribía para http://noticias.juridicas.com/ sobre la división del sistema de justicia juvenil:

«A este marco disperso8 contribuye la ausencia de unos referentes mínimos a nivel nacional al que todas las Comunidades debieran someterse y que queda patente en la ausencia de referencias en la LORPM y en RLORPM a las condiciones que deben reunir los centros, a su estructura organizativa, composición de los órganos y equipos, o a las ratios mínimas de personal necesarias, por poner algunos ejemplos.»

En el mismo escrito el Jurista hace referencia a que la dispersión es tal, que las estadísticas no están centralizadas. De hecho, a veces, no cuadran las estadísticas de las comunidades autónomas con las que podemos examinar en el https://www.ine.es/.

¿Cómo se interviene con los menores?

Pues el proceso irá en función, por un lado, de la Comunidad Autónoma en donde se ejecute la medida y por otro lado, en arreglo a si la gestión es pública o privada. De hecho, se puede dar el caso que en una Comunidad Autónoma, la gestión sea privada y los métodos de intervención sean totalmente distintos en función del Centro y de la Entidad que lo gestione.

Somos muchas las personas de distintas disciplinas como la criminología y la psicología que advertimos de la importancia de sistematizar el proceso reeducativo y resocializador de los menores. Utilizando principios, métodos y procedimientos para comprender, predecir y alejar las necesidades criminógenas en esta población.

Un primer paso para atajar estas debilidades sería utilizar herramientas de juicio clínico estructurado que permitan armonizar «el sentido común» o «el ojo clínico» de los profesionales con una herramienta actuarial validada, fiable y con poder predictivo en materia delictiva (v.g SAVRY o VRAI).

De acuerdo con ese juicio estructurado, se diseñará la intervención y los objetivos a tratar durante la medida. Este proceso debe estar respaldado por un paradigma de intervención efectiva, como por ejemplo el modelo de riesgo, necesidad, responsividad.

Publicado en Psicología.